Los peritos ponen en duda el rigor de las mediciones de sonido del pub

La cuarta sesión del juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra la alcaldesa de Pliego, Isabel Toledo, se centró ayer en las periciales y éstas ofrecieron el que puede ser un nuevo giro de tuerca en el procedimiento. Toledo se enfrenta a 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por presuntamente no haber puesto remedio al exceso sonoro de El Escondite, un local que amargaba las noches a uno de sus vecinos. En esta causa se encuentran imputados, asimismo, su predecesor en el cargo, el socialista Juan Guillén; el ingeniero municipal Antonio Botía y los dos propietarios del citado local, José Carlos M. y Francisco B. En su contra juegan, entre otras pruebas, las numerosas mediciones sonométricas realizadas durante años por la Policía Local de Pliego en la vivienda del denunciante y que todos los procesados aseguraron desconocer. Unas mediciones que, y en eso parece no existir duda, no se tuvo en cuenta la importancia del ruido de fondo y cuyo rigor se puso ayer en entredicho.

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